La Derecha Diario La UBA recibió $58 millones de una empresa del Estado por una auditoría que no se hizo
Se trata de un acuerdo firmado en 2023 por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Trenes Argentinos Operaciones.
El Gobierno de Javier Milei cuenta con pruebas contundentes que evidencian irregularidades en los contratos que la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó con distintos organismos durante la gestión kirchnerista de Alberto Fernández.
Aunque actualmente la Justicia en lo Contencioso Administrativo impide auditar los gastos de la UBA, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), encabezada por Miguel Blanco, logró examinar los convenios que la universidad suscribió con ministerios y empresas estatales.
Uno de estos acuerdos, firmado en 2023 entre Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es el centro de un informe que expone diversas irregularidades.
Según el contrato, la UBA debía "colaborar" con la auditoría interna de SOFSE, tarea por la cual recibió un pago de $58.529.618. No obstante, la SIGEN concluyó que "no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado".
Esta investigación se enmarca dentro de la decisión del Gobierno de Javier Milei de auditar los gastos de la UBA a través de la SIGEN. Sin embargo, la universidad rechaza esta medida de transparencia, argumentando que el control interno corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), la cual está controlada por sus aliados políticos.
Las irregularidades
El análisis del convenio realizado por la administración de Milei expuso una serie de graves irregularidades:
- SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, conformada por 11 agentes, lo que ponía en duda la necesidad de contratar asistencia externa.
- No se encuentra documentación que detalle cuántas personas fueron asignadas por la UBA, ni sus antecedentes profesionales.
- El convenio establecía la conformación de un equipo de trabajo con supervisor, líder de proyecto, coordinadores, expertos y colaboradores, pero no hay registros de su integración.
- La UBA no presentó un plan de trabajo, por lo tanto, la SIGEN no puede determinar qué tareas concretas se llevaron a cabo.
- No se hallan evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos, seguimiento de proyectos o colaboración en informes de auditoría, que eran las responsabilidades pactadas.
La SIGEN fue contundente en su informe: "No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA". Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de SOFSE y la universidad genera dudas sobre qué tareas fueron realmente ejecutadas por cada entidad.
"Esta situación da cuenta de que la Facultad no ha presentado un cronograma de horas y productos de lo ejecutado al momento de emisión de cada uno de los informes presentados a SOFSE, lo cual no permitió determinar qué ejecutó la UAI y qué la Facultad, al ser los cronogramas idénticos y con las horas totales que se fijaran en los Planes de Tareas UAI de los años 2023 y 2024. En consecuencia, no obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA", señala el documento al que accedió el medio TN.
El informe también destaca que las actividades reportadas por la Facultad en sus informes son prácticamente idénticas a las del Plan de la Unidad de Auditoría Interna de SOFSE.
El convenio tenía una vigencia de un año y estipulaba la presentación de un plan de trabajo y cuatro informes de avance. Sin embargo, la ausencia de documentación sobre los profesionales involucrados y los resultados obtenidos impide determinar si el pago recibido fue acorde a los servicios prestados.
No se quieren dejar auditar
El año pasado, en medio de la tensión por las auditorias, la UBA interpuso una medida cautelar en la Justicia para impedir que la SIGEN avanzara con la revisión de sus presupuestos y gastos.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto radica en un documento de la SIGEN demostraría que la UBA no rindió cuentas del 89% de los fondos recibidos entre 2020 y 2022 en el marco de programas universitarios como el FUNDAR, destinado a financiar proyectos que promueven el desarrollo nacional y regional.
Esto equivale a unos $8000 millones sin justificación de destino, a lo que se suman otros $500 millones asignados a infraestructura entre 2015 y 2019, cuyo uso tampoco ha sido esclarecido.
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