El gobierno de Pedro Sánchez obligará a pagar impuestos por el salario mínimo

En España, el reciente aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.184 euros mensuales ha generado tensiones dentro del gobierno socialista de Pedro Sánchez debido a la discrepancia sobre la tributación de este aumento.

El SMI que aumentó en un 4,4%, lo que representa un incremento de 50 euros, una medida pactada entre el Ministerio de Trabajo, dirigido por la vicepresidente Yolanda Díaz (de Sumar), y los principales sindicatos.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda, encabezado por la vicepresidenta María Jesús Montero (PSOE), ha decidido no elevar el mínimo exento del impuesto sobre la renta (IRPF), lo que implica que algunos trabajadores con salario mínimo deberán pagar más impuestos.

A pesar de la subida del SMI, que en teoría beneficiaría a los trabajadores de rentas más bajas, el Ministerio de Hacienda ha señalado que parte de los trabajadores con el salario mínimo permanecerán exentos del IRPF si tienen personas a su cargo.

El debate ha revelado las tensiones entre los dos partidos que componen la coalición, con Sumar buscando evitar que los trabajadores con el SMI deban tributar y el PSOE buscando atribuirse un teórico progreso logrado bajo el mandato de Pedro Sánchez, resaltando que el salario mínimo ha aumentado un 61% durante su gobierno.

Por otro lado la inflación desde que Sánchez asumió el poder se ha mantenido elevadísima para los estándares españoles y  la canasta básica durante el mandato del socialista ha aumentado más de un 35%. 

Además, desde el PSOE defienden que en otros países de la UE es habitual que el salario mínimo tribute y argumentan erróneamente que la presión fiscal sobre las rentas bajas y medias en España es inferior a la media europea.

Por otro lado, el uso del dinero en efectivo ha seguido disminuyendo debido al auge de las transacciones electrónicas, como pagos con tarjeta, transferencias electrónicas, y servicios como Bizum y PayPal.

Así, se ha propuesto una nueva normativa que obligará a las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito a informar sobre las operaciones que superen los 25.000 euros anuales.

La medida, incluida en un decreto que entrará en vigor en 2025, busca aumentar el control sobre las transacciones electrónicas, disminuyendo así la confianza de los ciudadanos en el sistema tributario.

Este decreto, que está actualmente en proceso de consulta pública, establece que la primera declaración de los bancos bajo esta normativa se realizará en 2026, y abarcará las operaciones efectuadas durante 2025.

Su objetivo sería garantizar una mayor equidad en el sistema fiscal, presionando a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar la evasión de impuestos a través de grandes transacciones electrónicas.

A pesar de los nuevos controles, los usuarios de tarjetas de crédito no tendrían que realizar ningún trámite adicional. Serán las entidades financieras las encargadas de presentar los informes correspondientes cuando las transacciones superen los 25.000 euros anuales.

Además, el control no solo abarcará las operaciones con tarjetas de crédito y débito, sino también aquellas realizadas mediante otros métodos de pago electrónicos, como tarjetas virtuales, monederos digitales o tarjetas prepago.