La prensa como juez y verdugo: el peligro de los juicios paralelos

Los periodistas pueden ejercer plenamente su libertad de informar sobre un juicio o proceso, pero deben hacerlo sin poner en riesgo la necesaria imparcialidad de este. Nunca se insistirá demasiado sobre los peligros potenciales que entrañan los juicios paralelos en los medios de comunicación de masas como manera de acoso u opresión, motivo o pretexto para que se absuelva o se condene al acusado.

Los sospechosos e inculpados en procesos penales correrán el peligro de ser víctimas de un doble juicio o juicio paralelo: uno, el juicio penal en su contra ante el tribunal, y otro, el juicio en la prensa. Todos conocemos el extraordinario poder de la prensa para influir en la opinión pública ("principio de presión"), moldear la percepción de la realidad (separar a los inocentes de los culpables), generar actitudes críticas y moralistas inconvenientes, apuntar con el dedo o acusar a los sospechosos e inculpados en el marco de un procedimiento penal, abrirles un proceso en la prensa e incitar a la hostilidad y a la agresión contra una de las partes ("juicios previos").

Su uso indebido e ilícito, así como la falta de objetividad y neutralidad, representa un importante reto para la administración de la justicia y los derechos al juicio imparcial. Con el término “juicios paralelos” hacemos referencia a situaciones que pueden afectar la imparcialidad de los jueces, entrañar una injerencia en el régimen de la administración de justicia y poner en peligro el honor o la reputación de las personas o la vida privada (injurias y calumnias, las denuncias en falso). En particular, la transmisión en los medios de comunicación de opiniones de periodistas, dirigentes políticos y miembros del gobierno sobre elementos clave de un juicio en curso, en especial sobre la inocencia o culpabilidad del procesado e incluso sobre la condena que ha de recibir, puede comprometer la equidad del proceso.

LOS JUICIOS PARALELOS EN CASOS DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD

El peligro de los juicios paralelos se acentúa en los casos de crímenes de lesa humanidad, donde la reconstrucción de los hechos, basada en testimonios y pruebas preteridas en el tiempo, resulta particularmente frágil. La debilidad del material probatorio, la dependencia de relatos orales sin respaldo documental y la subjetividad de las interpretaciones históricas permiten la creación de narrativas mediáticas que desvirtúan cualquier investigación imparcial.

Cuando estas narrativas se construyen a favor de las víctimas y en contra de los imputados, generan un sesgo estructural que direcciona la opinión pública hacia la condena anticipada. En estos casos, la presión mediática sobre jueces y fiscales no solo compromete el derecho de defensa de los acusados, sino que también vicia la valoración de la prueba. El contexto emocional e ideológico que rodea a estos procesos facilita que se difundan relatos con fuerte carga política, lo que puede derivar en una justicia influenciada por la opinión pública en lugar de la evidencia objetiva.

Es importante recordar que, en casos de crímenes de lesa humanidad, el derecho penal debe garantizar una investigación rigurosa y basada en pruebas, evitando que el peso de la historia y la emotividad del debate público conduzcan a condenas basadas en presunciones. El derecho internacional ha establecido estándares claros para la admisibilidad de pruebas en estos procesos, pero el juicio paralelo mediático puede erosionar la aplicación efectiva de estas garantías.

Los Estados deben implementar medidas efectivas para proteger la imparcialidad de los tribunales y evitar la intromisión de los medios en la administración de justicia, especialmente en casos de gran repercusión histórica. Si bien la transparencia y el acceso a la información son fundamentales en los procesos de justicia transicional, estos principios no pueden justificar la violación del derecho al juez imparcial ni la presión indebida sobre el sistema judicial.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL SOBRE JUICIOS PARALELOS

La jurisprudencia internacional ha abordado en múltiples ocasiones la necesidad de proteger los procesos judiciales de la influencia mediática indebida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado varias sentencias en las que advierte sobre el impacto negativo de los juicios paralelos en la imparcialidad de los tribunales. Casos como Sunday Times v. Reino Unido (1979), Worm v. Austria (1997) y Buscemi v. Italia (1999) han sentado precedentes sobre la importancia de evitar presiones externas que comprometan la equidad del proceso.

En el caso Sunday Times v. Reino Unido, el TEDH estableció que la libertad de prensa no puede usarse para ejercer presión indebida sobre un proceso judicial en curso. El caso Worm v. Austria reforzó esta doctrina al señalar que las publicaciones en la prensa que sugieren la culpabilidad de un acusado antes de que el tribunal se pronuncie pueden influir negativamente en la independencia judicial.

El Tribunal Constitucional Español ha reiterado en varias decisiones que las informaciones sobre procesos judiciales deben ser compatibles con el derecho a la presunción de inocencia y la imparcialidad de los jueces. En la sentencia STC 136/1999, el tribunal advirtió sobre el riesgo de que los juicios paralelos generen un “clamor popular” que condicione la decisión judicial.

CONCLUSIÓN

El derecho a la información y la libertad de expresión son pilares fundamentales en una sociedad democrática, pero no pueden ejercerse en detrimento del derecho a un juicio justo. La prensa tiene la responsabilidad de informar con rigor y sin incurrir en campañas mediáticas que busquen condenar o absolver a una persona antes de que la justicia se pronuncie.

En casos de crímenes de lesa humanidad, donde la fragilidad probatoria es un factor determinante, los juicios paralelos representan un peligro grave para la administración de justicia. Es necesario que los Estados adopten medidas para garantizar la independencia de los tribunales y evitar que la presión mediática sustituya el análisis imparcial de la evidencia.

El reto de la justicia es equilibrar la transparencia con la protección del debido proceso. Para ello, la jurisprudencia internacional ha sentado criterios claros sobre los límites de la prensa en la cobertura de procesos judiciales. Es fundamental que se respeten estos estándares para preservar la integridad del sistema judicial y garantizar que las decisiones se tomen con base en pruebas y no en presiones externas.

Prof. Martin Eduardo Botero

PhD en Derecho Constitucional Europeo

Abogado Europeo