El negocio millonario de los derechos humanos en Uruguay

La izquierda uruguaya ha hecho de los derechos humanos un curro y un negocio sucio, tanto político, como económico. La izquierda política (Frente Amplio), como la sindical (PIT-CNT) como las organizaciones "sociales" dominadas por la izquierda, han hecho negociados inmorales con el asunto de los derechos humanos.

La violencia política en Uruguay fue desatada por el terrorismo tupamaro a mediados de la década de 1960 cuando en Uruguay había plena democracia.

Luego los terroristas guerrilleros en algunos casos marcharon a prisión, aunque nunca pagaron totalmente su pena ya que fueron amnistiados, es decir liberados, en 1985 con el primer gobierno de Sanguinetti.

Tupamaros que asesinaron, torturaron, y secuestraron, cumplieron unos pocos años presos y luego recuperaron alegremente la libertad como si nada hubiera pasado. Sin embargo hasta el día de hoy siguen haciendo negocios sucios con el asunto de los derechos humanos, no solo utilizándolo por motivos ideológicos, sino también cobrando multimillonarios subsidios a lo largo de los años.

Todo, absolutamente todo pago por los contribuyentes uruguayos. Todo pago por los esforzados contribuyentes que pagan sus impuestos. Hasta el día de hoy, finalizando 2024, se siguen pagando pensiones y subsidios a quienes atentaron contra la democracia en las décadas de 1960 y 70. 

Leyes de privilegios 

Un ejemplo es la Ley N° 18.596 de 18 de setiembre de 2009 denominada "Ley de reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado" y los decretos n° 294/010 de 1 de octubre de 2010, y 297/010 de 6 de octubre de 2010. Estás normas, entre otras, establecen privilegios millonarios a los autopercibidos "víctimas del terrorismo de Estado".

La Ley Nº 18.596 del año 2009, votada en el primer gobierno del Frente Amplio, reconoce el derecho de reparación integral a aquellas personas que se consideran "víctimas del terrorismo de Estado" y de la actuación ilegítima de éste.

Está ley reconoce la responsabilidad del Estado uruguayo desde el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985. Como se advierte fácilmente de junio de 1968 al 27 de junio de 1973 en Uruguay había un gobierno democrático que había sido electo en las urnas.

Primero el presidente constitucional era Pacheco, y a partir de marzo de 1972 fue Bordaberry. Ambos fueron electos en elecciones libres, por lo cual reconocer responsabilidad del Estado uruguayo en esa época no tiene ningún sentido, ya que había democracia.

Luego, entre el 27 de junio de 1973 y febrero de 1985 si puede entenderse que hubo un gobierno de facto. Como se sabe, el 1° de marzo de 1985 asumió el gobierno constitucional de Julio Sanguinetti. 

A los pocos días de asumir el Parlamento aprobó una ley por la cual se amnistiaba a los subversivos que habían cometido delitos. Es decir que salieron en libertad, sin hablar cumplido toda su pena, terroristas tupamaros y comunistas que atentaron la democracia.

Buscaron privilegios 

Luego estos mismos subversivos se movilizaron para obtener privilegios económicos y con el tiempo se fueron votando diversas leyes de subsidios y pensiones para que cobraran jugosas prestaciones. Desde 1985 hasta hoy que quienes atentaron contra la democracia y la libertad en las décadas 60 y 70 han cobrado subsidios y pensiones, y el Estado uruguayo ha gastado miles de millones de dólares.

Negocio sucio 

En 40 años de democracia todos los uruguayos gastaron una enorme cantidad de dinero, a través de sus impuestos, financiando un festival de pensiones de privilegio y subsidios millonarios a malvivientes que atentaron contra la paz y la libertad hace medio siglo.

Es cierto que a partir de 2005 con la llegada del Frente Amplio el gobierno se aumentaron los privilegios, pero desde 1985 gozan de subsidios y pensiones pagos por la sociedad uruguaya.

Lacalle no cambió nada 

Hay que destacar que el gobierno de Lacalle Pou que asumió en marzo 2020 no cambió absolutamente nada esta situación. Todos los bandoleros que estuvieron presos entre 1973 y 1985 siguen cobrando jugosas pensiones y otros privilegios.

Mientras en Uruguay hay carencias en educación, salud, y vivienda, se siguen gastando cientos de miles de dólares todos los meses en pagar privilegios a quienes atentaron contra la democracia, la libertad, y la propiedad privada hace décadas.

Este es el negocio sucio que ha instalado de izquierda uruguaya en las últimas décadas. Además de la mentira de la búsqueda de los "desaparecidos", ocultan convenientemente que cobran pensiones y subsidios y que ese dinero es fruto del esfuerzo de los contribuyentes que pagan impuestos. 

Es más que obvio que con Yamandú Orsi presidente esto no solo seguirá igual, sino que posible que se aumenten esos privilegios que cobran los familiares de desaparecidos y quienes han currado con los derechos humanos desde hace 40 años.

Todo lo seguirá pagando el pueblo uruguayo.