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Polo Obrero: Pollicita pide juicio oral para Belliboni y otros 17 acusados de fraude
La empresa Ediciones e Impresiones Rumbos emitió 179 facturas falsas en favor de la Asociación Civil Polo Obrero.
La Justicia tiene pruebas suficientes para llevar a juicio oral a los dirigentes del Polo Obrero, acusados de desviar fondos estatales hacia actividades políticas.
El fiscal Gerardo Pollicita presentó un dictamen de más de 200 páginas que detalla maniobras de malversación de recursos destinados a planes sociales.
Entre los elementos más contundentes, se encuentra el papel clave de la imprenta Rumbos, utilizada como pantalla para canalizar más de $31 millones hacia campañas del Partido Obrero.
La imprenta Rumbos y su rol en el esquema de desvío de fondos
La empresa Ediciones e Impresiones Rumbos emitió 179 facturas falsas en favor de la Asociación Civil Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. La Justicia determinó que la imprenta funcionaba como una fachada para desviar fondos, sin prestar realmente los servicios facturados.
- Su socio gerente, Roberto Albornoz, fue aportante en al menos dos campañas del Partido Obrero.
- En 2020 donó $480.000, y en 2021 $1.100.000 (equivalentes a unos 10 mil dólares de la época).
- Además de desviar fondos de planes sociales, la imprenta participó directamente en las campañas del Partido Obrero, facturando $18.936.455 por impresión de boletas y publicidad electoral.
![Un hombre con gorra negra y micrófono habla frente a una multitud durante una manifestación. Un hombre con gorra negra y micrófono habla frente a una multitud durante una manifestación.](/filesedc/uploads/image/post/screenshot-2025-02-11-131050_1200_800.webp)
Cuando la Justicia allanó la sede de Rumbos, surgieron nuevas sospechas. No se encontró actividad comercial en su domicilio fiscal, que resultó ser una vivienda particular, ni en su dirección alternativa, que correspondía a la sede del Partido Obrero.
Otros implicados y triangulación de fondos
La causa abarca 188 facturas falsas, incluyendo operaciones con otras empresas como:
- Urban Graphics SA y Ricoprint SRL, proveedoras de facturación apócrifa.
- Carlos Monfrini, inscripto ante la AFIP como productor de espectáculos teatrales y musicales.
- Coxtex SA, una usina de facturas truchas detectada por la AFIP en 2022.
El esquema de desvío involucró también a Makosen SRL, empresa contratada para publicidad digital del Partido Obrero y triangulación de fondos. A través de Rumbos, se transfirieron casi $30 millones a Makosen entre 2020 y 2024, en pagos bancarios realizados a través de BBVA y Credicoop.
En su sitio web, Makosen reconoce que el Partido Obrero era un cliente habitual. Además, según una investigación de Chequeado, Rumbos fue una de las principales empresas en gasto de propaganda electoral en Google, con una inversión de $765.000 en 199 anuncios dirigidos a promocionar la figura del legislador porteño Gabriel Solano.
Belliboni y otros dirigentes a juicio oral
![Dos hombres sentados frente a micrófonos en una conferencia de prensa con un cartel del Partido Obrero de fondo. Dos hombres sentados frente a micrófonos en una conferencia de prensa con un cartel del Partido Obrero de fondo.](/filesedc/uploads/image/post/screenshot-2025-02-11-131030_1200_800.webp)
El fiscal Pollicita solicitó que el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas sean llevadas a juicio oral y público por:
- Extorsión a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
- Defraudación al Estado en el manejo de fondos públicos.
- Uso de dinero ilícito para fines políticos y personales (pagos de tarjetas de crédito, viáticos, sueldos, etc.).
También se identificó el rol de Ediciones e Impresiones Panorama SRL, vinculada a González Roisler y Gustavo Spektor. Roisler fue asesor en la Cámara de Diputados y aportante frecuente a campañas del Partido Obrero.
Según registros de la Cámara Electoral, entre 2018 y 2021, realizó transferencias por montos crecientes, con aportes detectados en varias provincias y elecciones. En Buenos Aires, por ejemplo, realizó transferencias de $75.000 y $7.000.
Con estos elementos, la Justicia avanza en una causa que expone cómo parte de los recursos destinados a la asistencia social fueron desviados a la política y al financiamiento de campañas del Partido Obrero.
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