Bolivianos le exigen al Gobierno de Javier Milei que les dé trabajo en su propio país

El Gobierno de Javier Milei avanza con medidas concretas para combatir el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando en la frontera con Bolivia, y las reacciones no se hicieron esperar.

En un claro reflejo de la desesperación de aquellos que se beneficiaban de la falta de control estatal en los últimos años, varios ciudadanos bolivianos expresaron su enojo ante la construcción de un cerco en Aguas Blancas, Salta.

Pero lo que realmente sorprende no es la molestia por la implementación de controles, sino la insólita exigencia que le hicieron al Gobierno de Milei: que les dé trabajo en su propio país.

La situación es clara. Durante décadas, la frontera norte fue un colador por donde ingresaban personas de manera ilegal y se realizaban actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando.

Ahora, con el Plan Güemes encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la historia está cambiando. La construcción de un cerco de 200 metros busca impedir el paso ilegal y garantizar que quienes ingresen lo hagan por los canales migratorios correspondientes.

Las declaraciones de los bolivianos

Sin embargo, quienes se beneficiaban del caos ahora exigen soluciones. "Si van a cerrar la frontera, que vengan a dar trabajo", reclamaron algunos bolivianos contrabandistas afectados por la medida, en una entrevista con el medio C5N.  Otra boliviana se lamentó: "Para mí está mal, porque mis hermanos solo tienen ese trabajo".

Pero la declaración más impactante fue la de una persona que admitió sin rodeos: "Tristeza y bronca, porque yo vivo de eso (del contrabando)". En otras palabras, Milei les está arruinando el negocio y, en lugar de buscar alternativas legales dentro de su propio país, exigen que el gobierno argentino les resuelva la vida.

Esta reacción es el resultado de años de políticas débiles en materia de seguridad fronteriza y control migratorio. Las administraciones anteriores, especialmente el kirchnerismo, permitieron que la ilegalidad se convirtiera en la norma, mientras Argentina sufría las consecuencias del narcotráfico y la economía informal descontrolada.

Ahora, con una administración que finalmente toma cartas en el asunto, los beneficiarios de ese sistema se encuentran contra las cuerdas.

Resulta llamativo que, en lugar de exigir soluciones a su propio gobierno, estos bolivianos miren a Argentina como si fuera su salvación. En lugar de intentar salir adelante de manera legal, la opción más sencilla para estos individuos ha sido cruzar la frontera ilegalmente y vivir del narcotráfico y el contrabando.

Ahora que se les cierran las puertas, la reacción no es buscar una solución legítima dentro de su territorio, sino pedir que Argentina se haga cargo de sus problemas.

El mensaje de Milei es claro: la Argentina no será más un paraíso para el contrabando y el narcotráfico. La seguridad nacional está por encima de los negocios turbios de unos pocos.

Mientras algunos lloran por la pérdida de un "trabajo" basado en la ilegalidad, el Gobierno de Milei avanza en la construcción de una Argentina ordenada y con fronteras seguras.