La Derecha Diario Operación Atarraya: ¿Combate real al crimen o abuso de poder en el Estado de México?
El gobierno de Delfina Gómez presume resultados, pero enfrenta acusaciones de corrupción y montaje de operativos
El Estado de México enfrenta una crisis de seguridad que el gobierno intenta disfrazar con operativos mediáticos. Uno de ellos es la llamada “Operación Atarraya”, lanzada en diciembre de 2024 como una supuesta medida contra la venta de drogas y otros delitos en 27 municipios.
Sin embargo, denuncias de abuso de autoridad y siembra de pruebas han puesto en duda sus verdaderas intenciones.
¿Una estrategia de seguridad o una cortina de humo?
El gobierno asegura que este operativo busca desmantelar redes criminales en bares y "chelerías". Sin embargo, en la práctica, parece más una persecución selectiva que un verdadero esfuerzo contra la delincuencia.
Más de 500 establecimientos han sido asegurados con la excusa de combatir la extorsión, la trata de personas y el narcotráfico. No obstante, muchos propietarios han denunciado cierres arbitrarios y decomisos sin pruebas claras.
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Corrupción dentro de los operativos
Las denuncias de corrupción han comenzado a salir a la luz. En febrero de 2025, dos agentes de la Fiscalía del Estado de México fueron separados de su cargo tras ser descubiertos sembrando droga en barberías durante los operativos.
En redes sociales circulan videos que muestran a agentes manipulando pruebas. Ante la presión pública, Jorge Jiménez, legislador de Movimiento Ciudadano (MC), ha exigido que el fiscal José Luis Cervantes Martínez comparezca ante el Congreso local para dar explicaciones.
¿Resultados reales o propaganda gubernamental?
Mientras el gobierno celebra la Operación Atarraya como un "éxito", la realidad en las calles del Estado de México demuestra lo contrario. Los homicidios, robos y extorsiones siguen en aumento, y la población comienza a cuestionar si esta “estrategia” es realmente un combate al crimen o simplemente una puesta en escena.
Las denuncias de corrupción siguen creciendo, mientras la administración estatal prioriza las apariencias en lugar de ofrecer una verdadera solución a la inseguridad.
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