Impunidad woke o la nueva ley Juárez

En los últimos días, dos casos en México han revelado cómo el discurso del agravio, basado en la identidad, raza, género o clase, está erosionando los principios fundamentales del Estado de Derecho. El primero involucra a la influencer Marianne “N”, quien apuñaló brutalmente a Valentina Gilabert, pareja de su exnovio. A pesar de la gravedad del ataque, algunos de sus seguidores intentan justificarla por su presunta depresión posparto, sugiriendo que debería quedar exenta de responsabilidad penal. Este intento de disculparla no solo es ofensivo para la víctima, sino que establece un peligroso precedente: usar enfermedades mentales como excusa para actos violentos.

El segundo caso es aún más revelador. Un conductor de Uber fue falsamente acusado de acoso sexual por una pasajera que no obtuvo lo que deseaba de él. Afortunadamente, una cámara del vehículo registró todo, demostrando su inocencia. Sin embargo, algunos piden impunidad para la acusadora, sugiriendo que sus posibles trastornos mentales justifican su conducta. Estos casos no solo muestran cómo el discurso ideológico está siendo utilizado para socavar la presunción de inocencia, sino también cómo las acusaciones sin pruebas están siendo aceptadas de manera peligrosa bajo la bandera de la cultura “woke”.

En ambos incidentes, la justicia queda en segundo plano. Las enfermedades mentales, aunque serias, no deben utilizarse como excusa para eludir la responsabilidad penal sin un debido proceso. Permitirlo es una burla para las víctimas y una amenaza para el sistema legal.

Lo más alarmante es que, en nombre de la sensibilidad ideológica, se ha creado una peligrosa dinámica: dar impunidad a los aliados de ciertos grupos (según su identidad, género o clase) mientras se castiga sin pruebas a aquellos que no encajan en esos moldes. Este es el núcleo del problema, la nueva “ley Juárez” en acción: a los de la identidad, justicia e impunidad; a los demás, castigo, incluso sin pruebas.

Las acusaciones falsas no solo afectan a los inocentes, sino que dañan la credibilidad de las denuncias legítimas. Cada acusación infundada mina la confianza pública, dificultando que las verdaderas víctimas reciban el apoyo que necesitan. La justicia debe basarse en pruebas claras y procesos objetivos, no en ideologías pasajeras. Las acusaciones deben ser evaluadas imparcialmente y aquellos que las falsifiquen deben enfrentar las consecuencias legales.

Es preocupante que algunos sectores defiendan la impunidad para quienes hacen acusaciones falsas, bajo el pretexto de trastornos mentales. Cínicamente, son los mismos que exigen condenas sin pruebas para quienes no pertenecen a su grupo identitario. Esta postura no solo es peligrosa, sino que traiciona los principios básicos de justicia. Si alguien comete un delito, ya sea de agresión o de acusación falsa, debe responder ante la ley.

El Estado de Derecho y la civilización se sustentan en la justicia, la equidad y la razón. Permitir que ideologías mal entendidas socaven estos principios sería condenarnos a un futuro de arbitrariedad, donde las vidas pueden ser destruidas por simples acusaciones infundadas. Es momento de reflexionar y exigir que defendamos los avances en derechos y justicia, sin permitir que el discurso del agravio destruya el sistema que tanto nos ha costado construir.

La justicia debe ser imparcial, escuchar las pruebas y actuar con objetividad. Solo así garantizaremos una sociedad equitativa, donde se proteja a las víctimas reales y se sancione a los culpables, sin excusas ni justificaciones infundadas.